Buenos Aires, 1° de agosto de 2003
Busca asegurar el libre acceso a la información
y garantizar la participación ciudadana
GUINLE
QUIERE MAYOR CONTROL EN MATERIA AMBIENTAL HIDROCARBURÍFERA
En consonancia con su reciente proyecto de Reforma
del Código de Minería en lo que hace al tratamiento
ambiental, el Senador Nacional Marcelo Guinle (PJ-Chubut) presentó
un proyecto para que el Poder Ejecutivo Nacional, a través
de la Secretaría de Energía de la Nación,
actualice y adecue la normativa ambiental en materia hidrocarburífera
a los principios e institutos establecidos en la Ley General del
Ambiente sancionada a fines del año 2002.
"Es imperiosa la adecuación del vacío
normativo existente en la actualidad en materia ambiental hidrocarburífera.
Por esto es pertinente que Poder Ejecutivo nacional instruya a
la Secretaría de Energía la modificación
de la Resolución N° 105/95 a efectos de incorporar
los institutos previstos en la Ley N° 25.675, norma que fija
los objetivos de la política ambiental nacional",
fundamentó el legislador.
En la actualidad, la actividad hidrocarburífera
está regulada por la Resolución N° 105/95 de
la Secretaría de Energía, que si bien cuenta con
un minucioso y detallado cuadro dispositivo de medidas a ser cumplimentadas
por parte de los actores que llevan a cabo tareas de exploración
y explotación para prevenir la afectación al medio
ambiente, la misma no contiene elementos que aseguren el cumplimiento
de lo establecido por la ley 25.675 en lo atinente a evaluación
del impacto ambiental, seguro ambiental, el acceso a la información
por parte de la población y la participación ciudadana
en cada etapa de las actividades de exploración y explotación
hidrocarburífera, que aseguren un manejo sustentable del
recurso y la restauración del daño que eventualmente
se ocasione al ambiente, por parte de los actores directos de
esta actividad.
"Sin perjuicio de conocer la intensidad y la
evolución vertiginosa en materia de tecnología que
la actividad hidrocarburífera desarrolla a nivel internacional
y nacional, en la que se incluyen en cada uno de estos desarrollos
estrictas medidas de seguridad tendientes a disminuir el riesgo
de afectación al medio involucrado, es necesario posibilitar
el acceso a la información y participación ciudadana
en cada una de estas acciones, a fin de establecer un dialogo
equilibrado al momento de la toma de decisiones, respecto de un
emprendimiento y sus efectos posteriores en el ambiente",
agregó Guinle.
"El principio ordenador planteado en el presente
proyecto pretende asegurar la aplicación de los instrumentos
de política ambiental previstos en la ley 25.675 al sector
de los hidrocarburos regidos por la ley 17.319, y dada la importancia
económica que el mismo significa para la nación
en su conjunto, es que interpreto que el Estado debe asegurar
el funcionamiento armónico y sustentable de la actividad,
el ambiente y las poblaciones afectadas, poniendo especial énfasis
en la adecuación de normas para el cumplimiento de la legislación
vigente, permitiendo además ponernos como sociedad, a la
vanguardia en la región en materia de participación
ciudadana y acceso a la información", concluyó
el legislador.